CIUDADANOS, AZNAR Y FAES (el nacimiento de la subcontrata del PPGurtel)

EL NACIMIENTO DE CIUDADANOS:

José María y FAES Ciudadanos surgió de la mano de José María Aznar, volcado entonces en su FAES. El partido denominado de los ciudadanos se convirtió en una especie de asilo y fortín para el españolismo en Cataluña. La portavoz del nuevo partido fue durante un tiempo la abogada Maite Nolla, nacida en Lleida, militante del PP.

La COPE Nolla ingresó también en el FAES catalán bajo el paraguas de Aznar. Y el apoyo radiofónico, desde la COPE de los obispos mandados por Rouco Varela. Eso además con el aplauso entusiasta, casi diario, de Federico Jiménez Losantos. Este sector de la derecha era el clan de Aznar, que continúa, de un modo u otro, funcionando contra Mariano Rajoy Brey, acosado sin duda por una parte de los suyos.

Losantos Libertad Digital, el periódico de Losantos, era asimismo uno de los medios que atacaba directamente a Rajoy Brey y enaltecía al expresidente del Gobierno popular. Trasmitía insultos evidentes, dirigidos a Rajoy. Y con sorna difundida por Losantos. No perdamos de vista que el artículo a toda plana de ayer, firmado por Isabel San Sebastián, en el diario ABC, es una exhibición de admiración hacia Ciudadanos.

Aduladores de Aznar Es conocido desde hace bastantes años que la periodista mencionada, como también Pedro J. Ramírez y muchos colegas conservadores más, han adulado casi siempre a Aznar y han puesto a parir al actual jefe del Gobierno, al que le tienen por inútil, más o menos. Así son algunas de las numerosas circunstancias que envuelven favorablemente a Ciudadanos y a su presencia política ante la posibilidad de que este partido alcance el poder o, probablemente, la llave. Pero no lo olvidemos. Ciudadanos es la subcontrata del PP Gurtel, para eso nacio de la mano de Aznar. 

Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM

PODEMOS HACE SUS ENCUESTAS Y LAS COCINA. LAS PAGA PUBLICO.ES (ya no saben que hacer)

Así se manipula una encuesta para Podemos que paga el diario Público

Colaboraciones externas

Reproducimos el siguiente post como colaboración externa que nos ha llegado. Aunque no es lo habitual, desde el comienzo de nuestra andadura el blog está abierto a este tipo de colaboraciones siempre que no choquen con la línea editorial del blog (lo cual es legítimo y comprensible).

La negrita es añadido nuestro, lo mismo que la imagen de cabecera; no así las capturas de pantalla, que son del autor. La cursiva también es del autor.

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Así se manipula una encuesta para Podemos que paga el diario Público

Por Fermín Balboa

Idea Nómina Data, es dentro del sector de las empresas de investigación social y de opinión, una bandera de conveniencia. No busquen ustedes página web de la misma en Internet. El nombre con el que aparece en los medios de comunicación cuando realiza una encuesta es el de otra empresa previamente registrada, Sondea Investigación Social S.L., que ya ha “trabajado” en ocasiones anteriores para el diario digital publico.es. Pero cuando llama a los hogares españoles para realizar sus encuestas telefónicas se identifica como Idea Nómina Data.

Para que quede claro que hablamos de la misma empresa con dos nombres distintos, aquí tienen ustedes la correspondiente captura de pantalla del portal Einforma, dedicado a la presentación de informes empresariales:

¿Por qué este baile de nombres? Porque se trata de una empresa cuyos directivos son militantes de Podemos, lo cuál ensombrece bastante la credibilidad de la misma y la neutralidad en el tratamiento de los datos de las encuestas preelectorales realizadas.

Si buscan ustedes referencias o historial de la empresa Idea Nómina Data encontrarán como administrador único a Victor Rey García, perteneciente al equipo de Análisis Político y Social de Podemos.

Llamativamente, el 27 de Mayo del pasado año, Público daba una noticia titulada “La encuesta de Sondea en 'Público' fue la que más se acercó a los resultados reales”. En ella se presentaba a Carolina Bescansa, dirigente ya entonces de Podemos -fue una de las personas que registró la marca en el Ministerio del Interior- y actual secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, como la directora de Sondea Investigación Social, la empresa encargada de dicho estudio y de otro que está publicando dicho medio digital desde este domingo 26 de Abril.

http://www.publico.es/politica/primera-vez-43-madrilenos-indecisos.html

http://www.publico.es/politica/62-madrilenos-estiman-gestion-del.html

http://www.publico.es/politica/madrilenos-no-ven-posible-partidos.html

Aquí vemos el dato que vincula a la señora Bescansa con Sondea Investigación Social, la marca madre de Idea Nómina Data.

Por si no quedara claro que Carolina Bescansa es la directora de Sondea Investigación Social, Público repite este dato en otra noticia posterior. Y lo hace en una noticia titulada “Un frente IU-Podemos podría gobernar en 12 grandes ciudades”:

Y ahora vayamos al asunto de la última encuesta de Idea-Sondea que está publicando el digital público desde el domingo 26 de Abril, cuyo trabajo de campo fue realizado entre los días 15 y 25 de este mes.

Que la empresa encuestadora se identifica como Idea Nómina Data no debe dejar duda alguna:

[Pulsar con el ratón sobre la imagen para verla en mayor tamaño]

Si no resultase un tanto infantil el uso de los colores corporativos de Podemos en la cabecera de la encuesta, sería hasta tierna tanta “ingenuidad”.

Pero esa ternura se disuelve cuando se constata el modo en el que, ya no a nivel de cocina y sus platos sino de los “entrantes”, se manipula la encuesta para predirigir la mente del encuestado en determinada dirección de determinado partido/s y no evitar que se “disperse” hacia otros.

[Pulsar con el ratón sobre la imagen para verla en mayor tamaño]

Tras una serie de preguntas relacionadas con el clima político en la Comunidad de Madrid, resulta llamativo que la primera pregunta que apunta en la dirección de simpatía política, previa a la intención de voto, sea una en la que se pregunta por “qué gobierno de la Comunidad de Madrid los afrontaría mejor (los problemas que luego son leídos): un gobierno del PP en la Comunidad, un gobierno del PSOE en la Comunidad o un gobierno de Podemos en la Comunidad”.

En un contexto político en el que hay cuatro partidos en liza prácticamente empatados en cuanto a intención de voto a nivel nacional y madrileño, ¿por qué reducir a tres los específicamente mencionados y no abrir el abanico a más? ¿Por qué excluir al primer de todos ellos a una opción como IU, que hoy aún mantiene una importante representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no mencionar un cuarto competidor, como es Ciudadanos, que tiene una altísima intención de voto en Madrid? ¿Porqué dejar a UPyD, que tiene representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid, reducida al genérico “otros”? Dadas las dudas señaladas, ¿no habría sido mucho más correcto, y sobre todo menos manipulador, plantear la pregunta de modo más abierto- “Ahora voy a mencionarle algunos temas que preocupan a algunas personas en la Comunidad de Madrid. Me gustaría que me dijera en relación a cada uno de estos problemas, qué partido de la Comunidad de Madrid los afrontaría mejor”- y que la respuesta fuese espontánea? Al fin y al cabo, meter a Podemos junto con Ciudadanos y todos los partidos que ahora mismo tienen representación en el Parlamento de Madrid no es tan complicado, ni siquiera a nivel de tratamiento y análisis posterior de los datos.

Podemos está perdiendo fuelle a gran velocidad y lo sabe. Sabe que ya no está instalada como marca electoral en primer lugar en la intención de voto de la gran mayoría de los electores, como así lo demuestran todas las encuestas previas. Si esta encuesta hubiera tenido un destino privado, el del propio partido, la importancia de plantear la pregunta tal y cómo se ha formulado hubiera sido escasa, salvo la de que seguramente obtendría una desviación de la intención de voto tal que los resultados del próximo 24 de Mayo fueran muy distintos a los esperados en esta encuesta.

Pero cuando la encuesta ha sido realizada para ser publicada en un medio de difusión con importante nivel de seguimiento, como es el caso de publico.es, y que será reproducida en redes sociales y otros medios (La Sexta y Cuatro en primer lugar), la intención de reducir sólo a tres, una pregunta que tiene valor de filtro previo a las siguientes de valoración de partidos, líderes e intención de voto, es un ejemplo de clara manipulación desde el momento de su diseño. La intención es crear en la mente del encuestado, y después en el lector de la noticia, una reducción de las opciones de voto con posibilidades, primando con ello a Podemos, junto al PP y el PSOE. Sabido es que el mecanismo del llamado “voto útil” actúa muy poderosamente en los electores reales y potenciales y la difusión de una encuesta amañada de este modo lo refuerza gravemente.

Esto sin entrar en el asunto de cómo habrán sido “cocinados” los datos extraídos de la encuesta. Y Público, que conocía previamente, porque todo cliente exige tener en sus manos previamente antes del inicio del trabajo de campo el diseño de la encuesta,ha pagado por ello ¿Ignorancia? NO, una evidencia más de cómo los medios de comunicación han elevado a Podemos a una situación electoral a la que jamás, ni en sus sueños más optimistas, hubiera llegado por sí solo.

Fermín Balboa

Para blog del viejo topo

ALAYA HARÁ QUE PRESCRIBAN LOS DELITOS DE LOS ERES

Fiscalía advierte a Alaya de que dirige una instrucción “sine die” e “inabarcable”

Alerta que de no dividir el caso de los ERE, habrá aspectos que no podrán ser enjuiciados o que fondos malversados no se recuperarán

ELPLURAL.COM/ANDALUCIA | 16/04/2015

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La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la juez Mercedes Alaya de no dividir el caso de los ERE en piezas separadas y ha advertido de que si no se hace esa división, que ya han pedido en otras ocasiones, la instrucción se alargará “sine die” y habrá aspectos que no podrán ser enjuiciados

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Prescripción de los hechos
En su recurso de apelación la Fiscalía señala que al no dividir la causa se provocará una demora de la conclusión de la instrucción “sine die” y también supondrá “admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos”.

Macrocausa inabarcable
En su recurso, Anticorrupción afirma que la instrucción de Alaya, que comenzó en enero del 2011, se ha “traducido en una macrocausa de extensión temporal, subjetiva y material prácticamente inabarcable”, lo que no atribuyen a la juez, sino a “la propia realidad de los hechos de apariencia delictiva que son objeto de investigación”.

“Ejecutarlo en un “horizonte temporal razonable”
“Partiendo de este dato objetivo, se trata de dar una solución práctica, eficiente y necesariamente conforme a derecho a esta instrucción, de forma que se pueda llevar a cabo el enjuiciamiento de todas las conductas de apariencia delictiva en un horizonte temporal razonable”, enfatiza la Fiscalía.

La petición de dividir la causa en piezas separadas, recuerda la Fiscalía, está recogida no sólo en escritos presentados por ellos, sino en autos de Alaya y en las exposiciones razonadas elevadas al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Andalucía.

Dividir la causa
También se recoge la necesidad de dividir la causa, que acumula 263 imputados y 9 aforados, en el informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado, en el pericial de la Dirección General de Seguros y en el de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, precisa la Fiscalía.

Evitar la impunidad de conductas
La propuesta de Fiscalía es dividir la causa en más de 200 piezas por cada ayuda concedida por la Junta, lo que podría provocar sentencias contradictorias, admite Anticorrupción antes de indicar que al menos se darían “en fase de enjuiciamiento, evitando la impunidad de conductas y que se pueda recuperar en sentencia los fondos presuntamente malversados”.

Estas más de 200 ayudas se concedieron “sin sujeción a procedimiento alguno, u obviando los más elementales, y a los principios de publicidad, eficiencia y justicia social en la utilización de los fondos públicos en materia de empleo y ayudas a empresas en crisis de la Junta de Andalucía”.

Sobrecomisiones
Además, Anticorrupción propone otra pieza relativa a las sobrecomisiones por el pago de primas, por parte de la Junta, muy superiores al precio de mercado. Estas sobrecomisiones era “el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizan una participación ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía”, indica el Ministerio Público.

Una pieza sobre el procedimiento
La tercera parte en que debería dividirse la causa, según la Fiscalía, afectaría a la pieza relativa al “procedimiento específico” relativo a las personas encargadas de la confección y control de los presupuestos de la Junta en materia de ayudas sociolaborales de los programas 31L (conocido como fondo de reptiles) y 2.2 E.

En su recurso, la Fiscalía pide que la Guardia Civil determine si sociedades que recibieron ayudas hicieron negocios mediante la “transmisión de títulos o bienes que puedan haber generado un beneficio favorecido por el mero hecho de la disminución o supresión de la plantilla.”

Que declare el equipo que hizo informe de fiscalización
La Fiscalía también reitera, tras recordar el retraso acumulado en otras diligencias que pidieron, la necesidad de que declare el equipo que hizo el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas para que aporten los documentos de trabajo, informes y actas de reuniones de los personas que han desarrollaron en la Consejería de Empleo esos trabajos fiscalizadores.

Agencia Tributaria
Además, reclama que la Agencia Tributaria emita informes individualizados sobre el impuesto presuntamente defraudado por “un número importante de imputados”, porque considera que son “imprescindibles para mantener o alzar la imputación”.

Santana Motor
Sobre la Intervención General de la Junta, la Fiscalía pide que se remitan los informes que emitió a “altos cargos” de la Consejería de Hacienda sobre Santana Motor e Hijos de Andrés Molina y al IFA/IDEA, “así como documentación acreditativa de la persona y fecha que los recibe”.

Mejor comprensión
Con esos informes se podrá tener “una mejor compresión de los elementos de juicio con los que contaban los altos cargos de la Consejería de Hacienda sobre las posibles irregularidades que se estaban realizando mediante el uso de las transferencias de financiación como medio de financiación de actuaciones que, realmente, eran subvenciones excepcionales o encargos de ejecución”.

Oír de nuevo al exinterventor general
También reitera que sea oído nuevamente el exinterventor Manuel Gómez Martínez y que se reciba declaración testifical a la exinterventora Rocío Marcos Ortiz tras las memorias de control financiero e informes adicionales que elaboraron.

ALAYA Y SU MAS QUE PRESUNTA PREVARICACION EN LOS ERES.

La mas que posible prevaricación de la jueza Alaya en el caso de los EREs, está, en este escrito que tomo de eldiario.es, mas que probada. Su interés y por supuesto las posibles indicaciones que puede haber recibido desde Genova 13, la hacen persistir en un presunto delito de prevaricación al hacer oídos sordos y lanzarse a una huida hacia delante que puede llevar al traste con mas de cuatro años de instrucción viciada desde inicio.

Imputados en los ERE exigen que se levanten sus fianzas porque se basan en una instrucción "viciada"

Las defensas de algunos imputados están tratando de hacer llegar a la jueza Alaya que unos 700 millones se corresponderían con prejubilaciones legales y que, por ello, la instrucción está "viciada desde su origen"
Consideran que si Alaya estima que todas las prejubilaciones son ilegales debería haber suspendido ya su abono y reclamado su devolución
Creen que durante la instrucción se confunde como obligaciones a cargo de las empresas el coste de los procesos de extinción de relaciones laborales
Piden que rectifique y que se levanten las fianzas por responsabilidad civil calculadas a todos los imputados sobre el total del dinero presuntamente malversado

La jueza Alaya cifra el desvío de fondos de los ERE en 855 millones de euros. Así se lo hizo saber el verano pasado al Tribunal Supremo en su exposición razonada. Según la investigación, es el dinero público total malversado (presuntamente, hasta que se demuestre en juicio), aunque el PP lo llegó a elevar hasta los 1.400 millones.

Lo enrevesado de la causa, que lleva instruyéndose más de cuatro años y en la que son investigados decenas de ex altos cargos, empresarios, sindicatos, intermediarios, intrusos, abogados, comisionistas, etc., hasta los 263 imputados, está dejando de lado una cuestión que las defensas de algunos imputados están tratando de hacer llegar tanto a la jueza como a la opinión pública: unos 700 millones de esos 855 se corresponderían con prejubilaciones legales. Con ello, se debería dejar fuera de la instrucción a las empresas, sus responsables y asesores, y las tesis acusatorias contra ellos quedarían desmontadas.

En el fondo de esta denuncia subyace el convencimiento y la certeza demostrable, según dichas defensas, de que la instrucción de los ERE está "viciada desde su origen" como consecuencia de una serie de "errores jurídicos y contables incuestionables", "consolidados" durante la instrucción y que serían en su mayor parte atribuibles a Alaya, a juicio de las defensas.

"Es la madre del cordero", apuntan fuentes de algunos imputados, que han hecho llegar ya a la jueza algunos escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, donde intentan hacer ver que la Junta de Andalucía sigue hoy por hoy asumiendo el coste de las pólizas de seguro de renta a trabajadores prejubilados (unos 6.000), es decir, las ayudas sociolaborales que se investigan y que la Administración andaluza concedió en el ejercicio de sus competencias.

Los beneficiarios de esas ayudas, aseguran las mismas fuentes, son los empleados que se adelantaron a su jubilación ordinaria y no las empresas, por lo que, según su tesis, los 855 millones malversados en los que se fundamente su instrucción no son tales. Todo lo más serían 152 millones, añaden. La cifra, según coinciden con la investigación, se correspondería con la suma del resto de las 'patas' del caso: unos 12 millones para 'intrusos' (prejubilados falsos), 74 millones de ayudas a empresas y unos 66 millones entregados a mediadoras. En estos números, según resumen las fuentes, "estamos todos de acuerdo".

Pero las fuentes se centran en las prejubilaciones legales. No consta, según indican, que se haya interesado por ninguna de las partes el reintegro de lo efectivamente percibido por los trabajadores de la suscripción de aquellas pólizas ni se les censura por ello a las aseguradoras, denuncian las fuentes, pero no se debería seguir considerando como menoscabo ilícito los importes de las pólizas cuestionadas.

Como consecuencia de ello, se tendrían que rebajar las responsabilidades pecuniarias a las decenas de imputados (millonarias en muchos casos). Algunos de estos imputados creen que durante la instrucción se confunde como obligaciones a cargo de las empresas el coste de los procesos de extinción de relaciones laborales, "un coste que nunca tendrían que soportar y que delata un error que distorsiona el alcance económico de los fondos públicos comprometidos".

Millonarias fianzas de responsabilidad civil

"No se debe pasar por alto que los mayores procesos financiados objeto de la investigación corresponden a empresas en concurso de acreedores, insolventes, incluso para pagar los 20 días de indemnización", señalan las fuentes. Se trata de Delphi (240 millones), Faja Pirítica (180), Santana (60), Boliden (60) y la Naval (30), que suman 570 millones. El resto de las empresas implicadas alcanzarían los aproximadamente 700 millones a los que aluden las fuentes.

Las defensas de algunos imputados sostienen que si el dinero recibido por prejubilados legales no es considerado destinado a un fin espurio, en ningún caso puede ser exigido a ninguno de ellos, por lo que habría que revisar  las responsabilidades civiles excluyendo las sumas que perciben los prejubilados legales.

Aunque sin entrar en el fondo, la Audiencia de Sevilla ha anulado ya fianzas civiles millonarias impuestas por la jueza Alaya, por ejemplo, y entre los más conocidos, a Magdalena Álvarez y su segundo en Hacienda en los 90, José Salgueiro. El exconsejero Antonio Fernández tiene el 'honor' de tener la de mayor cuantía (807 millones), seguido del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de 686 millones.

Añaden las fuentes que no se tiene tampoco en cuenta que las primas de las pólizas objeto de investigación incluyen el coste de los convenios especiales (en torno al 20% de las primas abonadas) que permitió a cada trabajador, y sigue permitiendo, mantener su cotización a la Seguridad Social hasta su jubilación. Estos importes no habrían sido ingresados por los trabajadores beneficiarios de las ayudas en la caja de la Seguridad Social, sin que conste que haya interesado su rescate por la Junta.

Consideran que si, por el contrario, Alaya estima que todas las prejubilaciones son ilegales, la jueza debería haber suspendido ya su abono y reclamado su devolución. "¿Por qué no se pide el dinero a los que lo tienen?", se preguntan, "se recuperaría ipso facto". El hecho de no hacerlo es indicio de "posible prevaricación", apuntan. Y van más allá: "Si se ha llegado a comprar la paz social, como se dice en muchos autos, rómpala llamando a los prejubilados".

Alaya debería reclamar su devolución

En definitiva, indican las fuentes, que si las prejubilaciones (al margen de los intrusos, empresas, comisionistas e intermediarios) son legales, más del 90% del dinero sobre el que se apoya la instrucción no ha sido malversado, por lo que esta debe anularse y levantarse las fianzas. Si no se corrigen los presuntos errores, valorarán la presentación de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto de la instrucción de la jueza Alaya, ya que estaría perjudicando arbitrariamente a terceros.

Los afectados denuncian que las fianzas por responsabilidad civil han sido calculadas sobre los 855 millones de euros supuestamente malversados, lo que conllevaría que la jueza igualmente hubiera reclamado a todos los prejubilados su devolución. Al no haberlo hecho, aquellos reclaman que se les levanten las fianzas. "Si, como sostiene la jueza Alaya, nosotros hemos colaborado en la concesión de las prejubilaciones que son ilegales, razón por la que se nos han impuesto fianzas millonarias, igualmente a los prejubilados se les debería haber solicitado la devolución del dinero recibido de forma ilegal, o, al menos, no deberían seguir cobrándolo, cosa que a día de hoy siguen haciendo con normalidad. Y si esto no ocurre, es señal de que todo es legal. Por lo tanto, exigimos que se nos levanten las fianzas", explican las fuentes.

Estos imputados, en resumen, piden a la jueza Alaya que reclame el supuesto dinero malversado a todos los prejubilados y corte con los pagos que se siguen haciendo, o que dé una explicación de por qué no lo reclama. Y que, de no hacerlo, levante las fianzas impuestas. Sospechan que la jueza sería incluso consciente del posible error cometido, pero entiende que su rectificación acabaría desprestigiando el trabajo realizado y desmoronando su tesis. "De ahí su huida hacia adelante con continuas ampliaciones del caso y negándose a que la causa se divida", añaden las fuentes.

Argumentan los afectados que se podría aplicar en este caso el artículo 122 del Código Penal, tal como se ha hecho con la infanta Cristina o la exministra de Sanidad Ana Mato, a quienes, solo por el hecho de ser beneficiarios a título lucrativo de un delito, la Fiscalía les ha reclamado la devolución de las cantidades de las que se han beneficiado hasta el resarcimiento del daño causado. A ese respecto, piden a la Fiscalía que reaccione también ante esta circunstancia, y si, como sostiene Alaya, las prejubilaciones fueran ilegales, exija su devolución a los miles de prejubilados que, sin ser responsables del supuesto delito, se han beneficiado de su comisión.

Martes, 7 de abril: caso ERE en Madrid, Granada y Sevilla

En lo estrictamente judicial del caso de los ERE, después de que hace unas semanas trascendiera que los exconsejeros Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo habían sido citados como imputados por el TSJA, este martes, 7 de abril, por la mañana se dará una circunstancia excepcional. Y es que hasta cuatro consejeros coincidirán declarando en tres tribunales de justicia diferentes en Madrid, Sevilla y Granada.

El mismo día que Ávila estrene el caso en el TSJA granadino, será interrogado José Antonio Viera en el Supremo y la jueza Mercedes Alaya interrogará en la capital andaluza al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al de Innovación Martín Soler, así como a los exdirectores de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, Agustín Barberá y Juan Márquez; y a los exdirectivos de la agencia IFA-IDEA Manuel Enrique Rodríguez, Francisco Mencía Morales y Miguel Ángel Serrano Aguilar.